La legislación vigente debería introducir la obligatoriedad de que las decisiones públicas se acompañen de un anexo de evidencias basadas en datos objetivos que acrediten que se ha hecho un estudio riguroso sobre la temática que se está tratando. Para favorecerlo se propone crear, siempre que la complejidad de la temática lo requiera, grupos multidisciplinarios específicos que actúen con transparencia y rigor para proponer soluciones basadas en la evidencia científica habiendo mantenido un diálogo abierto previo que debería tener en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía, como por ejemplo se hace en US Commission on Evidence-Based Policymaking.
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