La historia nos explica que cuando el mundo ha emprendido procesos de transformación, nuestro país se ha incorporado a los mismos de manera decidida gracias al empuje de la sociedad civil, que ha explorado el futuro tanto desde la economía y el ámbito de la empresa, como desde la ciencia y las artes. Las construcciones del canal de Urgell y de la primera línea ferroviaria del Estado español son coetáneas del movimiento cultural de la Renaixença o de la aparición de los ateneos populares. Con estos antecedentes, el Grup de Treball Catalunya 2022 aporta una reflexión desde la sociedad civil para afrontar una situación de crisis sanitaria coyuntural que coincide con un momento de cambios estructurales dirigidos hacia una sociedad digital. Lejos de un recetario de obligado cumplimiento, el presente trabajo pretende ser un motor de debates, reflexiones y, ojalá, también de decisiones.
El Grup de Treball Catalunya 2022 ha organizado sus propuestas en tres ámbitos: sociedad, economía y Administración. Entiende que el momento actual reclama priorizar la atención, el cuidado y el crecimiento de las personas, el desarrollo de la economía y la competitividad del país y la modernización de la Administración, con objeto de que se convierta en un motor eficiente que trabaje en red orientado a la generación de valor público. Una idea de país con las personas en el centro de la ecuación.
Para poder conseguir una sociedad justa, apoderada y capaz, consideramos que la educación y la cultura son los principales motores de transformaciones, tanto personales como colectivas y de país. Son la puerta de acceso a los derechos y al espíritu crítico, y debe ponerse el foco tanto en acelerar la transformación del sistema educativo como en una política cultural orientada al desarrollo de las personas, y no únicamente en el de las industrias o los equipamientos. Es preciso coordinar los espacios de cultura de proximidad y, al mismo tiempo, los centros nacionales, y ser capaces de evaluar el retorno social de todo el sistema cultural. Necesitamos innovar en contenidos, formatos y canales de distribución, y afrontar los retos del sector audiovisual y digital refundando los medios de comunicación públicos, conscientes que en este mundo cada vez más globalizado y digitalizado tenemos un reto serio en la defensa de la lengua y en el futuro de nuestra identidad cultural. Cultura y educación van de la mano y, por tanto, en paralelo también necesitamos acciones concretas contra el fracaso y el abandono escolar, y aumentar la autonomía de los centros escolares, así como, al mismo tiempo, fortalecer las redes educativas del país y articular diferentes soluciones que permitan la existencia de procesos de formación a lo largo de la vida, que han de incluir también la formación profesional.
La gran mayoría de las acciones aquí propuestas quieren ayudar a solucionar problemas estructurales que la pandemia ha puesto en evidencia o ha agravado. La crisis sanitaria ha provocado amenazas en términos de salud, trabajo, vivienda y en las perspectivas de futuro, haciendo más evidente aún la necesidad de avanzar hacia un modelo integral de atención y cuidado de las personas para que sea más efectivo y proactivo. Se deben conectar sanidad y servicios sociales, superando la estigmatización que supone asociar los servicios sociales solo con personas en situaciones límite, y universalizarlos con la finalidad de que todo el mundo tenga un profesional de referencia, tanto médico como social, que le acompañe en su desarrollo vital, con una mirada holística y potenciadora de la relación persona-comunidad. Hay que mejorar las condiciones de las personas ocupadas en trabajos domésticos y de cuidado de personas dependientes, visibilizar el valor económico de toda esta actividad y ordenar jurídicamente las profesiones del sector. Proponemos el acceso a la vivienda como un elemento crítico para solucionar desigualdades estructurales, mediante una intervención decidida para conseguir que el 10 % del parque de viviendas sea público en 10 años.
La competitividad de nuestra economía dependerá del talento y la innovación. Necesitamos ser muy activos en el momento de mejorar y actualizar nuestro sistema regulador y el fiscal para ponerlos de una vez por todas al servicio de los cambios que queremos promover para el país, como la construcción de ventajas competitivas aplicando la economía circular o, en concreto, la innovación verde en el tejido industrial tradicional. Proponemos acciones concretas en defensa del comercio de proximidad, con mecanismos ya conocidos —como las áreas de promoción económica urbana— o nuevos —como la creación de centrales logísticas urbanas—, y también acciones específicas para el turismo —como la reorientación del impuesto de estancia en establecimientos turísticos o la puesta al día de nuestro marketing turístico, tanto por lo que se refiere al modelo de gobernanza como a usos de la tecnología.
Más allá de la ya conocida necesidad de alcanzar una mayor autonomía en la gestión de nuestras principales infraestructuras, hemos querido poner el acento en la también necesaria autonomía en términos energéticos y alimentarios. Es necesario apostar decididamente por la energía de km 0, tanto a escala municipal como en las viviendas familiares, y fomentar así mismo la compra de producto local y ecológico, apoyando a las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras para que mejoren su gestión, se integren ambientalmente y apliquen la tecnología en sus lonjas y mercados, con objeto de que ajusten precios, reduzcan costes y sean más competitivas.
La investigación científica es motor de desarrollo, y necesitamos insistir en la formación, captación y retención de talento, así como en la transferencia de tecnología y conocimiento, y dotarnos de programas de incentivos fiscales, fondos de inversión y modelos de compra pública en defensa de los proyectos generados en el ecosistema emprendedor del país, tanto los que se basen en tecnologías disruptivas como los que ya están en fase de maduración. Necesitamos un país de ciencia y datos en el que las decisiones en torno a la salud, la economía, la organización del territorio, la educación y los derechos y deberes de la ciudadanía, entre otros, se construyan a partir de conocimientos científicos y hechos basados en la evidencia empírica. Es necesario disponer de un sistema de datos territorializados en tiempo real que acompañe la toma de decisiones tanto por parte de la ciudadanía como de los sectores público y privado.
La activación del país que propone el presente documento requiere una Administración centrada en la creación de valor público que promueva y facilite la participación de la sociedad civil; una Administración tractora y catalizadora del cambio que se moderniza para disponer de la capacidad de orquestar un modelo de colaboración público-privada que vehicule el compromiso de la sociedad civil (empresas, asociaciones, ciudadanía) en el desarrollo del país y el bienestar de las personas. Necesitamos establecer nuevos sistemas de selección y promoción de personal en la Administración, regular la precariedad laboral y profesionalizar la dirección pública —a partir del ámbito de las direcciones generales—, y fomentar las carreras horizontales y la movilidad de los trabajadores públicos entre diferentes administraciones y entidades del sector público, llegando al extremo de que una persona pueda, por ejemplo, trabajar unos días en la Generalitat y el resto de la semana en un ayuntamiento. Proponemos crear mecanismos para evaluar la actividad de la Administración en función del valor público generado —y no únicamente según el cumplimiento de los términos y las condiciones—, además de rediseñar procesos, facilitar la autonomía de gestión de los organismos públicos y fomentar las auditorías ciudadanas.
La vertebración del país requiere aplicar nuevos sistemas de financiación de la Administración local, la coordinación de los planes territoriales y un plan especial para los micropueblos, y así mismo idear un gran pacto forestal que fomente la economía verde y un pacto azul para la conservación y explotación sostenible de la costa catalana. Esta realidad territorial también comporta garantizar una conectividad de primer nivel en todo el país, al mismo tiempo que eliminar la pobreza digital, con vistas a poder subir el país a la nube. Necesitamos una arquitectura transversal de datos personales que englobe las diferentes administraciones, aplicando el sistema once only a cualquier trámite, y una ley del sector público digital que desbloquee los actuales obstáculos legales que impiden desplegar seriamente los servicios digitales de una sociedad moderna.
Doce objetivos ordenados en tres ámbitos y desarrollados en 91 acciones para hacer un reset en el país. Una propuesta para abrir un debate de país orientada a la acción.