El modelo actual es centralizado y rígido, y está basado en la desconfianza y en la uniformidad de criterios en sectores diferenciados. Hay que revisar y simplificar el funcionamiento de la administración instrumental (entidades, agencias, centros, etc.), dotándola de más autonomía de gestión real, en especial por lo que a la gestión de personas y gastos se refiere. En este sentido, se propone eliminar el trámite de fiscalización previa, reservándolo exclusivamente a actas relevantes por su importe económico, como es el caso de los contratos armonizados o las grandes líneas de subvenciones. La eliminación de este trámite reduciría la carga burocrática, acortaría plazos y reforzaría la autonomía de gestión de los directivos públicos. Al mismo tiempo, siguiendo el modelo de la figura del controller, propia del mundo privado, se propone definir el control ex post mediante la creación de un órgano de control interno. Esta figura dependerá directamente de los órganos de gobierno, y su tarea consistiría en el seguimiento de los riesgos de las entidades. Esta tarea iría más allá del simple control financiero y entraría también en el cumplimiento de los procesos dentro de la entidad y la consecución de los objetivos marcados. De manera periódica, este órgano de control interno remitiría a la intervención nuclear un informe de detección de riesgos. Así mismo se propone que los mandos intermedios sean discrecionales a la hora de decidir qué volumen de recursos humanos se necesita y cuál es el mejor sistema de contratación en su ámbito.
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ACCIÓN 10.4