Acortar los plazos de tramitación administrativa en el sector público rediseñando los procesos para hacerlos más eficientes y transparentes

Un ranking de reconocido prestigio internacional, como es el Doing Business del Banco Mundial, muestra que en España para abrir un negocio se necesitan 97 días, mientras que en el Reino Unido bastan con 18, en Noruega 25, en Suecia 39 o en Dinamarca 45, todos ellos países poco sospechosos de falta de control. Si bien determinados procedimientos administrativos son complejos y requieren múltiples informes y mecanismos de control, hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, revisar un plan de ordenación urbanística municipal puede requerir cuatro años o más, una duración que no es razonable. Muchos de los procesos responden a una mentalidad burocrática, injustificadamente compleja y que se basa en el papel y no en el dato. Se tienen que replantear y rediseñar de acuerdo con las nuevas necesidades, las nuevas tecnologías, la transparencia y poner el interés del ciudadano en el centro de la ecuación. El objetivo es agilizar los procedimientos de tramitación de licencias, permisos y solicitudes en general en toda la Administración pública catalana, sin que eso deba suponer ningún coste económico, sino todo lo contrario: el uso eficiente de los actuales recursos provocará ganancias al conjunto de la sociedad. Este objetivo puede alcanzarse si se parte de un análisis y una diagnosis con propuestas de mejora claras y aplicables a muy corto plazo.