Impulsar, de una vez para siempre, la ordenación de la dirección pública profesional en las administraciones públicas catalanas, aplicándola a partir del ámbito de las direcciones generales

Hay que articular un sistema de dirección pública profesional mediante un marco normativo actualizado que defina los derechos y deberes de una figura que permitirá dar estabilidad a las estructuras administrativas y separar las carreras políticas de las carreras profesionales, con incentivos y mecanismos de promoción diferenciados. La regulación de esta nueva figura permitirá reforzar la capacidad de dirección en las estructuras nucleares, sobre todo aquellas que requieren estar en posesión de capacidades gerenciales relevantes, estableciendo sistemas de acceso que garanticen la profesionalidad y el rigor en su provisión y evaluación del desempeño de sus funciones. En este mismo sentido, se propone que las direcciones generales (o unidades de rango jerárquico homologable) y todos los cargos directivos por debajo de ellas sean considerados directivos públicos y no estén vinculados a los cambios del ciclo político.