Plan de choque territorial para la vivienda asequible que permita que dentro de 10 años el 10 % de la vivienda sea pública

Hay que hacer una intervención inicial decidida para cubrir las carencias estructurales de vivienda social y asequible y acercarnos al objetivo de crear un parque de vivienda pública capaz de mantenerse y ampliarse con el tiempo. Es necesaria una política integral que permita que dentro de 10 años el 10 % de la vivienda sea pública. Para conseguirlo, se tiene que impulsar un plan desde una perspectiva territorial adecuada a la escala de cada municipio, huyendo de las obras de vivienda masiva segregada de otras épocas y favoreciendo la simultaneidad de pequeñas operaciones de viviendas integradas en los tejidos existentes. El resultado tiene que ser una política de vivienda social y asequible soportada por unas buenas bases urbanísticas, una política activa de reserva y ampliación de suelo público y un plan temporalizado de actuaciones en todos los municipios del territorio catalán. Esta intervención inicial requeriría que, en la legislatura que ahora se inicia, se construya el 60 % de la vivienda pública necesaria para llegar al 10 % global dentro de 10 años. Para ello se precisan medidas decididas, rápidas y concretas, como impedir la venta de suelo público, movilizar suelos de reserva de vivienda protegida, acortar plazos en la tramitación de los proyectos, simplificar normativas, movilizar los pisos vacíos incentivando la cesión de uso obligatoria para ampliar el parque público, y actualizar el sistema de valoración inmobiliaria según la eficiencia energética y la polivalencia y la durabilidad del espacio construido. Con este conjunto de medidas, la construcción de vivienda pública de alquiler social, siempre bajo un estricto control público, puede ser financiada según modelos de colaboración público-privada: cesión de suelo público en derecho de superficie mediante licitaciones públicas de proyecto, obra y posterior mantenimiento para edificar y gestionar la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible durante períodos de tiempo suficientes para recuperar las inversiones iniciales, con mecanismos de transparencia tanto en los costes globales de proyecto, obra y gestión, como de los ingresos por alquileres y mantenimiento. Una vez transcurrido el plazo del derecho de superficie, el suelo y la edificación deben retornar al patrimonio de la Administración pública.