Hay que abordar la problemática de la vivienda desde una perspectiva integral (urbanística, social, legal, económica y ambiental) poniendo a disposición de quienes más lo necesitan, con celeridad, viviendas asequibles. Para poder materializar estos objetivos hay que dotar de más recursos a la Agencia Catalana de la Vivienda, poniendo un énfasis especial en el tratamiento de las emergencias, con capacidad y medios para dar una respuesta efectiva inmediata, y con un parque propio para atender a los casos vulnerables. Mientras se amplía el parque público de viviendas en los próximos 10 años, habrá que conceder ayudas públicas a las familias y colectivos vulnerables para que puedan hacer frente al pago de la vivienda. Así pues, hay que seguir implementando la regulación de los precios del alquiler y fomentar las bolsas de alquiler de la Administración pública, incluyendo pisos del parque privado a cambio de garantías a los arrendadores que movilicen su piso en la bolsa de alquileres sociales, así como implementar la segunda oportunidad frente al impago de hipotecas y alquileres. Finalmente, es preciso un plan de choque para sacar de la precariedad a todas las personas inscritas en la mesa de emergencias, estimadas en unas 3.000, y que al estar acogidas en hoteles y pensiones suponen un coste social y económico más alto que el de construir viviendas definitivas.
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