Familias, empresas y administraciones, dentro de las posibilidades económicas de cada uno, deben ser corresponsables para lograr la autonomía energética. Para que las familias den el paso hacia el nuevo modelo energético se les tiene que ofrecer un acompañamiento integral a cargo de un cuerpo público de asesores técnicos que avalen la inversión de futuro que supone generar la propia energía renovable. En este sentido, los ayuntamientos deberán elaborar un plan municipal que vele por el correcto desarrollo de las instalaciones energéticas de proximidad, y para ello requerirán el asesoramiento de este cuerpo público asegurándose de que todos sus ciudadanos dispondrán de fórmulas asequibles que contribuyan a hacer realidad la producción y el consumo de energías renovables de km 0. También serán clave las líneas de incentivos fiscales a las familias, y se aconseja que las licencias ICOI sean gratuitas, que el IBI se aplique al tipo mínimo y se ofrezcan subvenciones municipales, especialmente a las viviendas rurales y aisladas. Además, cada municipio debería disponer de suelo, infraestructuras y medios públicos para producir energía renovable destinada a sus ciudadanos. Igualmente, será necesario contar con un plan de ayudas supramunicipales para cubrir la falta de capacidad financiera en la que se encuentran muchos municipios.
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