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ACCIÓN 11.1

Actualizar el modelo de financiación municipal para solucionar los déficits más importantes e introducir objetivos que promuevan comportamientos deseables

La financiación municipal no se ha revisado en profundidad en todos los años de democracia. Si bien corresponde al Gobierno de España su ordenación fundamental, la Generalitat de Catalunya dispone de margen suficiente para actuar con su propia legislación con el fin de corregir los déficits principales en los municipios catalanes. Los municipios son la Administración pública más próxima al territorio, y la que tiene que poder dar respuesta a las necesidades de la población aplicando moratorias de impuestos, incentivando la contratación laboral, promoviendo políticas de apoyo al comercio local y medidas de reconversión económica, siempre de acuerdo con el mandato europeo y la priorización del gobierno catalán. El actual sistema de financiación municipal se ha mostrado poco equitativo y ha generado desigualdades manifiestas, como infradotar a los municipios más pequeños y los turísticos. Desde el respeto a la autonomía local, la Generalitat de Catalunya debe revisar las herramientas propias con las cuales contribuye anualmente a la financiación municipal, aplicando de manera inmediata todos los factores de corrección disponibles para equilibrar su financiación, como es el caso de las transferencias propias, el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña o la creación de nuevas transferencias y subvenciones vinculadas al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sistema impositivo no debe perseguir solo la recaudación sino que la financiación municipal tendría que servir para incentivar los comportamientos deseables, por ejemplo un impuesto sobre vehículos (IVTM) que bonifique los vehículos menos contaminantes, una tasa de basuras que favorezca a las familias y empresas que reciclan más, etc. Las transferencias de la Generalitat a los ayuntamientos deben ir vinculadas al cumplimiento de objetivos de interés tanto local como general, más allá de los actuales criterios de distribución presupuestaria (población, gasto de gestión y diferencias de renta comarcal).