Mientras no se establezca una renta básica universal incondicionada en Europa, en Cataluña hay que ampliar la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC, aprobada en 2017 en Cataluña después de una iniciativa legislativa popular) multiplicando como mínimo por cuatro las personas perceptoras para reducir la alarmante brecha entre las personas perceptoras actuales de la RGC y las personas que viven con carencia material severa y en riesgo de pobreza. La RGC ha de identificar los colectivos prioritarios (infancia, familias monoparentales, juventud, mujeres víctimas de violencia machista, personas sin empleo y/o con carencias materiales graves) con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades y el reequilibrio territorial. La RGC tiene que permitir transitar por los diferentes momentos vitales de la persona (diferentes situaciones de empleo, por ejemplo) y prever la salida posible a cada situación, evitando la eterna rueda de precarización/exclusión; es decir, sin penalizar a los perceptores (con la cancelación de este derecho) en caso de encontrar un trabajo precario temporal, que lo volverá a situar en la pobreza una vez termine. Antes de la pandemia, las personas perceptoras de la RGC eran unas 140.000, mientras que las que vivían con carencia material severa eran 440.000 y las personas en situación de riesgo de pobreza (tasa AROPE del 23,6 %) eran 1.770.000. Durante la pandemia, con la crisis económica y social que se ha generado, entre enero y septiembre de 2020 solo se han beneficiado de la RGC unas 12.000 personas adicionales.
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